Construyendo
A PROPÓSITO DEL ENCUENTRO DE DOS IZQUIERDISTAS DE APARIENCIA: FERNANDO LUGO Y TABARE VAZQUEZ.
Si las gesticulaciones “progresistas” se tradujeran en hechos a favor de los trabajadores, las clases propietarias y el imperialismo estarían temblando. Pero no. Esta “izquierda madura” que hoy gobierna no es una amenaza para los dueños del dinero y el poder. Al cumplirse el segundo aniversario de Tabaré Vázquez como presidente, las apariencias de cambio, pueden confundir, pero ya no tienen la capacidad de engañar la inteligencia popular. El balance de estos dos años, confirma que el “colapso neoliberal” ha encontrado una salida transitoria en el “progresismo” gubernamental.
Al cumplirse el segundo aniversario de Tabaré Vázquez como presidente, las apariencias de cambio, pueden confundir, pero ya no tienen la capacidad de engañar la inteligencia popular. Las miserables condiciones de vida de cientos de miles de asalariados, desempleados y jubilados, no han cambiado. Tampoco las de cientos de miles de personas que habitan los asentamientos o en la pobreza más inaudita. La promesa de una “redistribución igualitaria” quedó en eso. Hasta los propios indicadores socio-económicos del oficialismo, dicen que las “políticas macroeconómicas” neoliberales continúan. Y que la “rentabilidad” empresarial sigue prevaleciendo.
Aquellos que esperaban un significativo cambio de la política económica, distinta a las promovidas desde el FMI, el Banco Mundial y el BID, que imaginaban una recuperación sustancial del salario perdido, un crecimiento del trabajo más allá de los empleos precarios, una reducción drástica de la pobreza estructural, el reparto de tierras, la construcción masiva de vivienda populares, un sistema nacional de salud, y el aumento presupuestario en educación, han sido defraudados. Peor le ha ido a quienes pensaban (y difundían) que con el “progresismo” se terminaban las privatizaciones de empresas públicas y la rapiña de las AFPS. La novedad, en todo caso, vino por el flanco más bochornoso: la transferencia, por adelantado, de 1080 millones de dólares al FMI.
En fin, el “modelo de desarrollo” del gobierno del Frente Amplio, sigue el mismo camino que el de sus antecesores. Toda la apuesta es a la canasta exportadora, a las “inversiones” de capital extranjero, a una “inserción mundial” de la mano del “libre-comercio” que proponen los TIFA y los TLC.
La “visita” de Bush, se ubica en esta lógica de sujeción a los intereses del capital y las multinacionales imperialistas. Para nada este acontecimiento significa un “parte-aguas”, un salto “cualitativo”, un hecho “impensable”. En todo caso, es resultado de un curso político que reafirma la renuncia programática tanto del gobierno, como de las direcciones políticas (Frente Amplio) y sociales (PIT-CNT y FEUU), que lo sostienen. El antiimperialismo (de ocasión) que algunos dirigentes frenteamplistas y burócratas sindicales han manifestado por estos días, para nada los exime de responsabilidad, ni esconde su adaptación oportunista al proyecto “progresista”.
Esta función restauradora del “progresismo”, se asienta en la arquitectura institucional heredada y al conjunto de “reglas” de una “democracia representativa” que arropa el cuerpo de un régimen burgués de dominación donde, la politiquería tradicional, el tráfico de influencias, los acomodos familiares y la corrupción, son moneda corriente. De allí que se mantengan todos los eslabones de la cadena de privilegios materiales que alimentan los negociados parlamentarios, profundizando la monumental desigualdad entre “representantes“ y “representados”. Los gravísimos hechos en la Intendencia Municipal de Maldonado, en Casinos Municipales y Loterías y Quinielas, y lo sucedido con el ex senador del MPP, Leonardo Nicolini, son un botón de muestra. Sin olvidarnos, claro está, de Gonzalo Fernández, de su doble papel de funcionario de confianza del gobierno por un lado, y abogado de empresarios delincuentes por el otro.
Obviamente, el griterío histérico de blancos y colorados por estos “escándalos” no les brinda una pizca de autoridad ética, ellos cargan con sus propios delitos contra los bienes públicos. Allí están, entre otros tantos casos, los ediles de Rivera procesados por corrupción y el pedido de procesamiento por “abuso de funciones” (robos y fraudes) de los anteriores directores de OSE. La legitimidad política de la derecha está pulverizada. Los partidos “tradicionales” no representan una “oposición” creíble para nadie.
El balance de estos dos años, confirma que el “colapso neoliberal” ha encontrado una salida transitoria en el “progresismo” gubernamental. Lo que implica la continuidad - aún bajo “nuevas” modalidades que pueden confundir - de las contrarreformas capitalistas de mercado. Este programa de contrarreformas y su correlato en términos de confiscación salarial, desempleo, precarización, pobreza, expropiación de derechos democráticos adquiridos, conducen no solo a una brecha más profunda entre ricos y pobres (concentración de la riqueza en menos manos cada día), sino a una lucha popular que, sin bien fragmentada y afectada por el peso de sucesivas derrotas, cuenta todavía con una capacidad de resistencia frente a los ataques contra sus condiciones de vida.
Es verdad que el gobierno cuenta todavía con oxígeno y una “popularidad alta”. Pero ya no es portador de un cheque en blanco. Es decir, la hipnosis con el “cambio posible” se ha venido desilachando. Y, sobre todo, que la apariencia de una hegemonía incontestada, choca con los dos compromisos (incompatibles entre sí) que asumió Tabaré Vázquez el 1º de marzo 2005: garantías al capital y estabilidad a los de arriba y otra “calidad de vida” a los de abajo. En este contexto, el futuro del “progresismo” no solo depende del humor de los “mercados” y de cuanto más durará la “bonanza económica” de los precios internacionales. Los factores esenciales continúan siendo el carácter estructural de la crisis económica, la magnitud de sus consecuencias sociales, y el alcance (y radicalidad) de las luchas obreras y populares.
Ante esto se levanta toda la energía social acumulada. Esto no se debe subestimar. En la medida que esa manifiesta esperanza de “cambio” choca con las restricciones de un programa económico de corte neoliberal y con los obstáculos burocráticos de un sindicalismo gubernamental, la necesidad de organizarse para luchar estarán siempre en el orden del día.
Evidente, la hipótesis de un mayor retroceso en la conciencia de clase, que de paso a una “derrota histórica” en el proceso de acumulación popular, está latente. Sobre todo, si a la izquierda del gobierno, del Frente Amplio y de las direcciones sindicales conciliadoras, no se va construyendo (en todos los terrenos) una alternativa orgánica y programática, revolucionaria y anticapitalista, enfrentada a la institucionalización de la política y a la estrategia de colaboración de clases.
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