El manipulador obsceno de la religión en política, y obispo de la plutocracia Fernando Lugo, le vendría bien una lectura sobre la negra historia de la SIP.
La historia negra de la SIP
Introducción
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es un cartel de los grandes dueños de
medios del continente, que nació en el marco de la Segunda Guerra Mundial y se moldeó
luego al calor de la Guerra Fría, para protagonizar una historia de defensa de intereses
oligopólicos, alianza con los poderes imperiales y atentados contra la soberanía de los
pueblos latinoamericanos.
La acción de la SIP en ese sentido está debidamente documentada y se ha basado en el
empleo de esquemas de desestabilización que, al resultar exitosos, han sido repetidos y
son repetidos todavía hoy, en toda la región latinoamericana. En estas páginas reunimos
algunos ejemplos, estudiados por periodistas latinoamericanos, de cómo este grupo de
propietarios de los medios ha implementado una tradición de presión contra gobiernos
democráticos, con resultados nefastos.
Presentamos aquí los orígenes de la organización empresarial y su vinculación temprana
con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), así como casos puntuales de desarrollo de
propaganda negra por parte de la SIP contra los gobiernos que han promovido la libertad
y progreso de sus pueblos, en contraste con el silencio y la complicidad mostrados con
regímenes dictatoriales de la región, disimulando incluso el encarcelamiento y asesinato
de periodistas.
En la última parte, intentamos exponer las manipulaciones que han permitido a la SIP no
sólo continuar usurpando la representación del periodismo en la región, sino también
abrogarse derechos que corresponden a las organizaciones sociales y no sólo a un
puñado de poderosos propietarios de los medios. Para ello, hemos contado con la guía de
dignos periodistas latinoamericanos que han luchado por rasgar las máscaras del poder
mediático y han denunciado las perversiones de la actuación de la SIP, que han colocado
a la gran prensa a espaldas de los pueblos.
Esperamos que este sea un aporte, entre muchos otros, al desarrollo de la necesaria
conciencia crítica en contra de las manipulaciones y desinformaciones de los amos de la
prensa.
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La SIP y el panamericanismo imperial
El germen de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hay que buscarlo en el
concepto del panamericanismo. Pero no en el panamericanismo bolivariano del Congreso
Anfictiónico de Panamá, sino en el panamericanismo imperial.
En la primera conferencia panamericana, celebrada en Estados Unidos, en 1889, se
moldeó un aparataje orientado a organizar reuniones de gobiernos, con la intención,
según sus creadores, de incentivar la comunicación y la colaboración entre los países, en
condiciones de igualdad. Sin embargo, estas reuniones respondían en realidad a la
preocupación de Estados Unidos por delinear las manifestaciones de control imperial, en
vinculación con las oligarquías locales.
Este panamericanismo, de hecho, es entendido como una continuación de la famosa
Doctrina Monroe de 1823, impuesta bajo el lema “América para los americanos”, a través
de la cual Estados Unidos declaraba que no permitiría a ninguna potencia no americana
intervenir en el continente.
Bajo tal signo ideológico, fueron celebradas estas conferencias en distintos países de la
región y en 1923, en la Quinta Conferencia Panamericana, en Santiago de Chile, se
planteó la necesidad de organizar una reunión sobre la prensa.
Esa primera conferencia sobre la prensa se realizó finalmente en Washington, tres años
después, y aun cuando los historiadores oficiales de la SIP insisten en señalar que se
trataba de un congreso de periodistas, era esencialmente una reunión de empresarios.
Así lo resalta el investigador Juan Gargurevich, en su libro “A golpe de titular. CIA y
periodismo en América Latina”, cuando afirma que aquella era la primera vez que se
reunían tantos propietarios de periódicos de América Latina. “No está de más recordar
que los temas tratados por las diferentes mesas (de la conferencia) no incluyeron los
problemas de los periodistas mismos. A los norteamericanos les interesaban los dueños,
no los empleados", escribe Gargurevich.
Luego de esta conferencia inicial, se continúa efectuando reuniones en varios países, sin
concretarse la creación de la organización, hasta que en 1943, en La Habana, tiene lugar
la conferencia que funda la SIP.
En ese momento gobierna en Cuba el famoso tirano Fulgencio Batista. El planeta estaba
estremecido por la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos y la Unión Soviética
hacían sociedad para derrotar el fascismo. Este clima histórico, permeado por la
existencia de un frente antifascista, permite que al fundarse la SIP se incluyan entre sus
miembros, aunque de manera minoritaria, algunas publicaciones progresistas y de
izquierda, entre ellas, el órgano de prensa del Partido Comunista cubano, el diario
Noticias de Hoy, fundado en 1938.
Desde esa primera reunión de la SIP, las voces minoritarias progresistas intentan impulsar
la unidad de los trabajadores de la prensa en la región y asumen el papel de
denunciantes, en contra del papel jugado en América Latina por las grandes agencias de
noticias, que actúan como reproductoras del mensaje imperial.
Sin embargo, la historia cambia al finalizar la guerra. Ya en 1947, ha comenzado la Guerra
Fría que enfrenta a los antiguos aliados –EEUU y Unión Soviética-, se perfila el
maccartismo en Estados Unidos y se crea en ese año la Agencia Central de Inteligencia
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(CIA), hecho que tendría un papel fundamental en lo que el periodista cubano Ernesto
Vera llama el golpe CIA-SIP1.
Este golpe se consuma en el año 1950 y fue promovido un año antes en Quito, en el V
Congreso Interamericano de Prensa, por la delegación estadounidense, integrada por tres
personajes claves: un representante del Departamento de Estado, Tom Wallace, y dos
altos oficiales de la CIA, Joshua Powers y Jules Dubois. El trío era encabezado
aparentemente por Wallace, pero en realidad el personaje central, como se demostraría
luego, fue siempre Dubois, quien coordinó durante 15 años después la labor de la CIASIP
en América Latina.
Este trío plantea en Quito que la próxima reunión de la SIP tenga lugar en Estados
Unidos, ya que los anteriores encuentros habían tenido como sede capitales
latinoamericanas: México, La Habana, Caracas, Bogotá y Quito. Un grupo de
latinoamericanos, entre ellos el periodista peruano Genaro Carnero Checa, se levantó
contra la idea de escoger a Estados Unidos como país sede, asegurando que la
discriminación racial y política en ese país no permitía que existieran las garantías
necesarias para celebrar allí un Congreso.
La delegación norteamericana, luego de aceptar que la discriminación en su país era
bochornosa, se comprometió a brindar las seguridades para la participación de todos los
delegados, con independencia de sus ideas políticas. Finalmente, la propuesta se impuso
y se aprobó que la reunión del año siguiente se realizara en Nueva York.
Al regresar a Estados Unidos, Wallace entregó un informe al Departamento de Estado,
titulado “Background of previous Interamerican Press Meeting”, en el cual queda al
descubierto la maniobra. En ese documento, Wallace resaltaba que en la reunión de Quito
habían alcanzado el éxito en los dos objetivos planteados por la delegación
norteamericana: trabajar por una nueva constitución de la organización original y procurar
que la próxima reunión se hiciera en suelo estadounidense bajo los auspicios privados de
las publicaciones de Estados Unidos:
“Tuvimos éxito en ambos propósitos sin tener que provocar la creación cismática de otra
organización y dejar de esa manera en descubierto que la prensa de Estados Unidos
había tenido que provocarla por no poder controlar la organización”, explicaba Wallace a
sus jefes, en el informe citado por Gargurevich. De esta manera, había comenzado a
gestarse el secuestro de la organización.
Las historias del tesorero
Según la historia oficial de la SIP, 1950 fue el año “más importante para la organización”.
Fue precisamente en ese año cuando se refundó la SIP y quedó conformada tal y como la
conocemos ahora, sin la participación de las pocas publicaciones progresistas que
inicialmente habían sido incluidas en la Sociedad. A partir de ese año, se hacen claros los
objetivos que la CIA conferirá al funcionamiento de la SIP en América Latina.
Pese a las garantías ofrecidas en Quito, los representantes de los órganos de prensa
progresistas no fueron invitados a la reunión de ese VI Congreso Interamericano de
Prensa. A algunos se les negó la visa de entrada a Estados Unidos bajo la acusación de
1 Las informaciones y reflexiones aportadas por el periodista cubano Ernesto Vera surgieron de una
entrevista personal realizada para este trabajo. Vera es presidente honorario de la Federación
Latinoamericana de Periodistas (FELAP) y profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.
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ser comunistas. Cuando se quejaron ante los organizadores, Wallace les ignoró,
indicándoles que la visa había sido negada por el gobierno y por lo tanto debían quejarse
ante el gobierno.
Hubo incluso quienes llegaron hasta el aeropuerto de Idlewild, sólo para ser detenidos y
devueltos por las autoridades de Estados Unidos, previo interrogatorio del FBI. Tal fue el
caso del cubano Carlos Rafael Rodríguez, quien representaba al periódico Noticias de
Hoy, pero era además el tesorero de la SIP, reelecto por tercera vez consecutiva, y por
esta misma condición viajaba con pasaporte especial.
En una narración sobre este suceso, titulada “Crónica de una New York entrevisto”,
Rodríguez cuenta cómo fue retenido en Ellis Island, tildado de peligroso por su ideología,
considerado “inadmisible” en Estados Unidos, ignorado por la comisión organizadora del
congreso y depositado por el FBI en una aerolínea venezolana que lo devolvería a Cuba.
En esa crónica, Rodríguez describía con detalles las razones por las cuales a los gestores
de la nueva SIP no les interesaba su presencia:
¿Por qué se me excluyó del Congreso?
Se sabía muy bien que yo iba a New York a denunciar todos los casos de violación de la
libertad de prensa en América. Los organizadores norteamericanos obrando al dictado
de Washington, querían condenar sólo a un grupo, cargando la mano a aquellos
gobiernos que no tienen el beneplácito del State Departament. Para mí Videla es igual a
Perón, y la Junta Militar Venezolana no es menos culpable que Prío.
En segundo término se temía – y hacían bien en temerlo– que yo utilizara la tribuna del
Congreso para protestar contra la vergonzosa intromisión del Embajador de Estados
Unidos en México, Mr Thurton, en la libertad de prensa mexicana, a la que pretendió
dictar una política de sometimiento a los intereses de Washington.
Estos hechos han sido denunciados por el ilustre periodista Don Martín Luis Guzmán y
por más de sesenta escritores mexicanos.
Por último no se quería que yo pusiera de nuevo en debate la tesis mantenida en Quito:
la “libertad de prensa” en Estados Unidos no es más que formal. En el fondo la prensa
norteamericana es un instrumento monopolista de las grandes empresas. Estas son las
conclusiones a que arribó desde 1947 una comisión de expertos nombrada por la
Universidad de Chicago, y pagada por el ultraconservador Henry R. Luce, de la revista
Time, y por la Enciclopedia Británica. Cuando dije estas cosas en Quito, Mr. Tom
Wallace –que presidió el Congreso de New York– me contestó airado que quienes tal
cosa decían eran “un manojo de tontos”. De esa manera calificaba nada menos que a
Robert Hutchins, Canciller de la Universidad de Chicago; a Archibald Mc. Leish,
subsecretario de Estado; al profesor de Economía en Columbia, John M. Clark; al
profesor Arthur M. Schlesinger, de Harvard, y otros conocidos intelectuales yanquis.
Pero, como le repliqué a Mr. Wallace: puede pensarse que los investigadores
universitarios son “tontos”; sin embargo, aunque sabemos que en el Senado de Estados
Unidos hay una buena dosis de tontos, no son tantos como para formar mayoría. Y fue la
mayoría la que en el informe de la Small Plants Comité, corroboró las ideas de que son
verdaderos monopolios los que rigen la prensa americana.
Para impedir que se plantearan estas cosas se me retuvo en Ellis Island. Pero además,
los organizadores yanquis tenían un propósito adicional. Pensaban dar –y dieron – un
golpe de estado. Reformaron los Estatutos de la SIP de modo ilegal. Establecieron –
arbitrariamente– el voto por publicaciones dando una artificial mayoría norteamericana.
Arrebataron a Cuba la sede permanente de la Sociedad para radicarla en New York. Han
destruido, en resumen, la Sociedad Interamericana de Prensa como entidad
independiente, transformándola en un simple aparato político al servicio de los objetivos
internacionales de Estados Unidos. Para hacer esto les estorbaba la presencia de
algunos delegados. Yo les resultaba especialmente indeseable. (Rodríguez, 1950).
En efecto, antes de la conferencia del año 50, los estatutos de la SIP estipulaban que
cada país tenía un voto dentro de la Sociedad, independientemente de la cantidad de
órganos de prensa afiliados. El cambio de estatutos permitió tumbar el esquema “un país,
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un voto” y sustituirlo por “cada publicación, un voto”.
En un intento por maquillar este golpe, la historia oficial de la SIP señala que hasta ese
año, las conferencias de la organización se celebraban bajo los auspicios del gobierno del
país anfitrión, con lo cual “las delegaciones se limitaban a sentarse y a votar por países, y
los miembros no siempre eran periodistas”. De acuerdo al lenguaje oficial, fue entonces
para evitar estos “patrocinios” y hacerse “independiente” que se tomó la decisión de
modificar los estatutos. Sin embargo, lo cierto es que en términos prácticos Estados
Unidos pasó de un voto a 424 y se alzó con la mayoría2. Es de suponer que estos 424
votos componen “el pequeño grupo de editores y directores de periódicos”
estadounidenses que se habían sumado a la SIP en 1946, de acuerdo con los
historiadores oficiales de la patronal.
Es por ello que Vera, en una entrevista ofrecida recientemente, insiste en que desde 1950
hasta nuestros días, hay una libertad de prensa secuestrada por el poder del dinero, de
los recursos, y lógicamente sobre la base de una estrategia imperial: “Por eso digo que
hay una mentira organizada y hay una verdad dispersa. Hay una mentira organizada,
porque hay una estrategia imperialista y no hay una verdad organizada porque no
tenemos todavía una estrategia antiimperialista. Eso funciona milimétricamente”.
Voces dignas contra la SIP
El golpe CIA-SIP generó malestar en Latinoamérica. Mientras la SIP repetía que
representaba a los periodistas, cada vez se hacía más evidente el perfil de la
organización, integrada por los grandes medios impresos conservadores de la región -
marcadamente proestadounidenses- y guiada por intereses imperialistas y empresariales,
pero no periodísticos.
Este malestar incubado en América Latina se puso de manifiesto en la conferencia
siguiente, celebrada en 1951 en Montevideo, Uruguay, donde representaciones del país
anfitrión, Brasil, Chile, Perú y Argentina proclamaron su abandono de la SIP y suscribieron
el Acta de Montevideo, en la que denunciaban que los propietarios de los medios se
habían abrogado la función de determinar donde había o no libertad de prensa, cuando
los que tienen derecho a ello, además de la sociedad, son los periodistas.
Tras manifestarse en contra de este secuestro, el Acta de Montevideo indicaba que era
preciso el nacimiento de una organización que agrupara verdaderamente a las
asociaciones de periodistas, a fin de evitar que sus funciones siguieran siendo usurpadas
por los dueños de los grandes medios3.
En su libro “Breve historia de la SIP”4, el periodista Gregorio Selser registra entre las
2 En 1950, la SIP tenía un total de 778 miembros, 424 eran estadounidenses, 314 eran latinoamericanos y
22 canadienses y europeos.
3 Para dar respuesta a este llamado, pasarían 25 años, pues fue sólo en 1976 cuando se creó la Federación
Latinoamericana de Periodistas (Felap), bajo el principio de apoyar siempre el derecho de los pueblos a la
información veraz. Para fundar la Felap fue fundamental la acción del combatiente periodista peruano
Genaro Carnero Checa, quien logró que el presidente de México para ese entonces, Luis Echeverría, le
diera apoyo al nacimiento de la organización. Hoy en día, las acciones y declaraciones de la Felap
continúan siendo silenciadas por los grandes medios.
4 Las citas sobre este libro de Selser están recogidas por el periodista José Steinsleger, en el artículo “SIP:
Mordaza de libre presión”, publicado por el diario mexicano La Jornada, el 15 de octubre de 2006. Sobre
este tema de la SIP, Selser también es citado con frencuencia por Juan Gargurevich. Steinsleger anota que
si la SIP fuese una entidad realmente comprometida con la libertad, la independencia y la democracia, el
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voces que se alzaron contra la SIP en 1951 al escritor y periodista venezolano Miguel
Otero Silva, propietario de El Nacional de Caracas. En esa ocasión, Otero Silva reclamó
que el cambio de estatutos aprobado en Nueva York violaba las normas más
fundamentales de la organización, “dándole el carácter que ahora tiene: una entidad
exclusivamente patronal de intercambio comercial, estrictamente controlada por los
vendedores de papel, las agencias noticiosas y los buscadores de avisos que residen en
Estados Unidos. Nada más inoportuno en ese ambiente que un periodista".
Otero Silva denunció además como tendencioso un informe de la SIP en el cual “mientras
se le dedicaba 80 o 90 por ciento de su contenido a relatar minuciosamente los atropellos
cometidos por Perón contra la libertad de expresión, se tendía un piadoso y cómplice
manto sobre las dictaduras latinoamericanas".
En ese mismo informe, continuaba Otero Silva, aparecía el tirano nicaragüense Anastasio
Somoza "como un ángel tutelar de la libertad de pensamiento” y se colocaban como
arquetipos de la democracia al chileno González Videla y a los dictadores bolivianos.
Mientras tanto, “daba vergüenza ver en aquella asamblea de Montevideo a los esbirros
intelectuales de Rafael Leónidas Trujillo bramando en la tribuna para decir que Perón era
un tirano y que en su país, en cambio, se disfrutaba de una absoluta libertad de pensar",
afirmaba indignado el escritor venezolano.
En este libro de Selser, citado por el periodista José Steinsleger, aparece otro testimonio
de denuncia contra la SIP, proveniente de sus propias filas. De acuerdo con Selser, en
1958 uno de los ex presidentes de la SIP, el mexicano Miguel Lanz Duret (1909-59),
director de El Universal, renunció a la organización cuando supo que la SIP había
solicitado su inscripción como corporación, dando como sede la ciudad de Dover, en
Estados Unidos. Con esta acción, para Lanz Duret, "la SIP iría a depender, a todos los
efectos jurídicos y legales, de las leyes norteamericanas, desmintiendo así su supuesta
independencia y desvirtuando en los hechos la recomendable extraterritorialidad que le
confería, por ejemplo, una sede anual móvil, distinto de la norteamericana".
Más recientemente, en el año 2000, una posición similar tuvo que ser adoptada por el
diario uruguayo La República y la revista Posdata, los cuales hicieron pública su
renuncia a la organización empresarial, al enterarse que el antiguo director de prensa de
la dictadura militar en ese país (1973-1985), Danilo Arbilla, había sido nombrado
presidente de la SIP.
La carta de renuncia a la SIP, firmada por el director de La República, Federico Fasano
Mertens, y fechada el 24 de octubre de 2000, reprochaba que la designación de Arbilla
como presidente de una entidad que tenía entre sus principales objetivos declarados
"defender la libertad de prensa", constituía un insulto a la conciencia democrática de los
pueblos americanos. “Su designación al frente del organismo que pretende velar por la
libertad de prensa equivale a poner al zorro a cuidar el gallinero. Por todo lo antes dicho,
el diario LA REPÚBLICA tiene el alto honor de renunciar, formal y públicamente, como
miembro de esta Sociedad mientras el impostor continúe a su frente”, concluía la misiva.
Mis amigos, los dictadores
Como dice el periodista cubano Ernesto Vera, el terrorismo mediático tiene muchas
manifestaciones. Aunque la mayoría de las veces se manifiesta en la acción de la SIP y
edificio que en Miami alberga su sede debería llamarse Gregorio Selser (1922-1991), en lugar de Jules
Dubois.
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sus afiliados, en no pocas ocasiones se manifiesta en la omisión. Los silencios de la SIP
son igual de elocuentes, sobre todo cuando cubren sus alianzas con regímenes
dictatoriales.
En el año 2005, este denunciado ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, cargó contra el
gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner, a quien acusó de "manejar la
publicidad de manera selectiva" y "tratar con desconsideración" a los medios de
comunicación. Kirchner refrescó entonces el historial de Arbilla y recordó además al
subdirector del diario argentino La Nación, Claudio Escribano, su complacencia con las
atrocidades cometidas en Argentina durante la dictadura militar en ese país.
Esta vinculación de los dueños de la gran prensa con los regímenes dictatoriales
latinoamericanos ha sido suficientemente documentada y citada en numerosas ocasiones,
para demostrar que las preocupaciones de la SIP no se dirigen a la defensa de las
libertades, sino a la preservación de intereses empresariales y oligárquicos.
En el caso Arbilla, éste había sido jefe de prensa de la última dictadura militar en Uruguay,
que torturó y asesinó a ciudadanos uruguayos. De acuerdo al diario uruguayo La
República, Arbilla fue designado en el cargo por el presidente Juan María Bordaberry y
continuó desempeñando esas funciones luego de que el mandatario eliminara las
instituciones republicanas contando con el respaldo militar, e incluso después de
instaurada plenamente la dictadura.
Así, el diario recuerda que Arbilla fue cómplice del decreto presidencial del 27 de junio de
1973 que prohibía expresamente la divulgación por la prensa de todo tipo de información
que “directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto
atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, o pueda perturbar la tranquilidad y
el orden públicos"; durante su gestión entre 1973 y 1976, se clausuraron 173 medios de
comunicación -14 de estas clausuras fueron definitivas- y se intervino la Asociación de la
Prensa Uruguaya (APU), la organización sindical de los periodistas. También fue
desaparecido el subdirector del semanario Marcha, Julio Castro, y fueron encarcelados y
torturados decenas de periodistas.
Un personaje parecido, el dominicano Germán Ornés, era el presidente de la Comisión
de Libertad de Prensa de la SIP que dirigía cartas preocupadas al presidente chileno
Salvador Allende por falsas violaciones a la libertad de prensa. Este mismo Ornés fue
señalado por investigadores de distintas nacionalidades de haber actuado como adulador
del dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo.
Otro ejemplo de la actuación de la SIP frente a las dictaduras lo encontramos en sus
denuncias en el año 1974, cuando de acuerdo con la organización empresarial el peor
enemigo de la libertad de prensa en el continente era el gobierno nacionalista peruano de
Juan Velasco Alvarado, debido a las medidas de expropiación de la gran prensa. Mientras
tanto, la brutal represión y el amordazamiento en las dictaduras de Chile, Argentina y
Uruguay eran prácticamente ignorados por los amos de la prensa.
Los golpes de la SIP
En paralelo a su relación con gobiernos dictatoriales, la historia del cartel de la gran
prensa americana registra un buen número de agresiones en contra de gobiernos
constitucionalmente constituidos, en consonancia con los intereses imperialistas en la
región. En este sentido, Gargurevich destaca la temprana conformación de un eje CIA,
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SIP y agencias de noticias, como parte de la estructura de dominación estadounidense,
formando un poderoso aparato para los planes desestabilizadores en América Latina5.
Quizás el caso más emblemático de acción desestabilizadora de la SIP, haya sido el de su
campaña de propaganda sucia contra el gobierno de Salvador Allende en Chile,
derrocado en 1973 por la combinación de fuerzas reaccionarias chilenas y la CIA, a partir
de la implementación de una fuerte guerra psicológica.
El periodista chileno Hernán Uribe asegura que a lo largo de toda la historia de Chile, no
hubo un período en el que reinara una libertad informativa de tal magnitud que incluso
cayó en el libertinaje y en claras violaciones a la ética profesional, como en el periodo
presidencial de Allende. El propio presidente Allende, en 1970, declaró a la agencia
Prensa Latina que su gobierno estaría a favor de una irrestricta libertad de prensa, pero
también propiciaría que todos los actores sociales y corrientes ideológicas tuvieran
acceso a la opinión.
“Actualmente, esos derechos están consagrados formalmente, pero su ejercicio en la
práctica aparece restringido a sectores minoritarios que tienen una situación prominente
desde el punto de vista financiero", señalaba Allende, según un recuento hecho por el
también periodista Ernesto Carmona. Sus palabras, obviamente, no podían gustar a los
magnates mediáticos. Menos cuando Allende apuntaba hacia un tema central, al indicar
que los medios en los regímenes capitalistas se convierten no en instrumentos de
información, sino en instrumentos de desinformación de los intereses populares.
Guiados por la CIA, los medios opositores chilenos, con el diario El Mercurio a la cabeza,
no podían responder a la petición de Allende de informar en forma objetiva y mantener
con hidalguía sus puntos de vista. Por el contrario, se dedicaron a difundir falsedades y a
intentar dar una imagen de persecución a la prensa, echándole leña al fuego en el que
cocinarían la dictadura pinochetista. De allí que Allende reclamara, el 12 de febrero de
1973: “Nos hemos visto obligados a señalar la falta de autoridad moral y el interés
tergiversado de aquellos que se cobijan en la Sociedad Interamericana de Prensa. No nos
inquieta la crítica. No sólo la aceptamos, sino que la reclamamos".
Uribe resalta también que fue la CIA la encargada de manejar a la gran prensa chilena y a
los afiliados de la SIP en una campaña de propaganda negra contra Allende, hecho
corroborado por papeles desclasificados en Estados Unidos. En este marco, el diario El
Mercurio, propiedad de Agustín Edwards, quien fungía como vicepresidente de la SIP,
recibió los dólares suficientes para su campaña contra Allende, y llegó incluso a dejar de
circular durante un día, alegando amenazas, “con el objetivo de armar un escándalo
desinformativo que clamara ‘por el cierre’ de El Mercurio”.
De acuerdo con el periodista chileno, las falacias fueron tales que la campaña denunciaba
que se agrediría a la prensa cortándole el suministro de papel, cuando en realidad el
gobierno no tenía relación en el negocio del papel, pues el productor monopólico de ese
elemento era una empresa privada.
5 El investigador venezolano Oswaldo Capriles, en un libro titulado “Poder político y comunicación”,
puntualiza que sin duda las agencias de seguridad estadounidenses han estado involucradas en la
conformación de la SIP, aunque los dueños de los medios no necesiten mucha presión para mantener
posiciones coincidentes con el complejo industrial-político-militar estadounidense, dado su lugar dentro de
las élites dominantes. De allí se explica la tendencia ultraconservadora que otorga a la SIP.
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En la investigación realizada por Gargurevich, se demuestra que esta campaña de
desestabilización en el Chile de Allende incluía el deterioro de la imagen del gobierno de
la Unidad Popular, tanto interna como externamente. Ese “frente externo” estaba
conformado por los diarios miembros de la SIP. Las noticias eran redactadas por la CIA,
difundidas por las grandes agencias de prensa y publicadas por los afiliados sipianos.
La SIP llegó incluso a reunirse en Santiago de Chile en octubre de 1972, reunión a la cual
Allende no se negó, a pesar de la oposición de diversos sectores chilenos, conocedores
de las intenciones de la organización. Aquella reunión en la que de nuevo se “defendía la
libertad de prensa” tuvo, por supuesto, una amplia repercusión mediática.
El trabajo de la SIP y sus asociados en el derrocamiento del presidente guatemalteco
Jacobo Arbenz, ocurrido en 1954, también ha sido develado por documentos de la CIA,
desclasificados en 1999, y recogidos en el libro "La CIA en Uruguay" del historiador
Roberto García6.
La investigación histórica hecha por García prueba que las prioridades propagandísticas
establecidas por la CIA en contra de Arbenz eran de inmediato reflejadas por la prensa de
derecha de Uruguay. Medios como El País y El Día publicaban editoriales sobre la
“infiltración comunista” elaborados por la CIA, incluso con errores de traducción del inglés
y descaradamente destacados por ambos periódicos con un solo día de diferencia.
Las pruebas se encuentran en documentos como "CIA, "Guatemala General Plan of
Action", Doc. No. 135875, 12 November 1953"; que establece los contenidos esenciales
del plan de desinformación continental contra Arbenz; y "CIA, "Hemisphere Support of
PBSUCCESS", Doc. No. 913376, 16 February 1954", que detalla los apoyos hemisféricos
para el plan de desinformación.
Toda esta operación estaba coronada por la infaltable denuncia de la SIP sobre violación
a la libertad de prensa en Guatemala. En su publicación oficial "Press of the Americas"
(Num. 25 Vol. 1. Marzo 1º de 1954), la SIP apoyaba sus preocupaciones en una
conferencia de prensa ofrecida por Jules Dubois, presidente del Comité de Libertad de
Prensa de la SIP, luego que el presidente Arbenz alertara que la prensa estaba
fomentando una intervención extranjera en su país.
De la misma manera, Gargurevich establece en su investigación los paralelismos entre la
operación puesta en marcha para derrocar a Allende en Chile con la campaña que logró
la derrota del primer ministro de Jamaica, Michael Manley, en las elecciones de octubre
de 1980, acusadas de fraudulentas. Manley había sido señalado por Estados Unidos de
inclinarse hacia el comunismo –con todo lo que eso significaba en el marco de la Guerra
Fría-, tras establecer relaciones diplomáticas con Cuba, sumarse a los no alineados,
6 Las notas sobre el libro de García fueron publicadas en el diario uruguayo La República, el 20 de agosto
de 2007, bajo el título “La CIA ordenaba; El País y la SIP ejecutaban”. La reseña del diario recuerda que
Arbenz encabezó el segundo gobierno de lo que se llamó la "primavera democrática" en Guatemala y fue
derrocado el 27 de junio de 1954, por una invasión de "un ejército libertador" organizado, financiado y
armado por EEUU. “La operación de la CIA para derrocar a Arbenz se denominó “Sucess" y fue la primera
que incluyó la implementación de "un aparato de construcción de opinión a nivel continental" según la
definición propia de los EEUU. La operación fue autorizada por el presidente de EEUU, Dwigth Einshower e
instrumentada por el entonces canciller John Foster Dulles, y su hermano Allen, director de la CIA. Los
hermanos Dulles, eran accionistas de la United Fruit Company, propietaria de enormes latifundios y
plantaciones en Guatemala, afectados por la Reforma Agraria emprendida por Arbenz para darles tierra a
los miles de campesinos e indígenas privados de ella”.
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elevar los impuestos a empresas transnacionales y declarar que su país se encaminaba
hacia un socialismo democrático.
En este caso, el papel que jugó El Mercurio en Chile fue adjudicado a The Daily
Gleaner, que en 1979 fue acusado por la Asociación de Prensa de Jamaica de asumir
una conducta no profesional, y cuya feroz campaña contra el gobierno de Manley fue
ampliamente reproducida por los diarios afiliados a la SIP.
Es conocida también la vinculación CIA-gran prensa contra el gobierno sandinista en
Nicaragua, denunciada en 1981 por los periodistas nicaragüenses; y en general contra los
gobiernos nacionalistas, socialistas, progresistas en la región que tomen medidas que
puedan afectar a los intereses de las oligarquías locales y de Estados Unidos.
La propaganda negra continúa
Luego de probar con éxito estos esquemas de propaganda negra contra gobiernos
democráticos y populares, el eje CIA-SIP continúa aplicándolos en América Latina, siendo
obvia su utilización en el caso de Cuba, Argentina, con la presidencia de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández de Kirchner; Bolivia, con el gobierno de Evo Morales; Ecuador, con el
presidente Rafael Correa; y Venezuela, con la Revolución Bolivariana impulsada por el
Presidente Hugo Chávez.
En el año 2005, el ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, denunciado por su vinculación
con la dictadura uruguaya, cargó contra el gobierno del presidente Néstor Kirchner, al cual
acusó de "manejar la publicidad de manera selectiva" y "tratar con desconsideración" a
los medios de comunicación. La queja de Arbilla iba dirigida a la disposición del gobierno
argentino de distribuir la publicidad oficial con criterio de equilibrio, entre los medios
pequeños, medianos y grandes.
Contra Evo Morales, en el año 2006, la SIP señaló que en Bolivia estaba en peligro la
libertad de prensa ante el propósito de apoyar la formación de una red de medios
comunitarias, a pesar de que estos medios constituyen una herramienta para la
democratización de las comunicaciones, a través de la gestión de las propias
comunidades.
En cuanto al gobierno de Rafael Correa, el periodista ecuatoriano Alberto Maldonado ha
denunciado que la SIP ubica al Presidente Correa como "hostil a la prensa", sólo por sus
expresiones para calificar a determinados medios y representantes de la prensa, frente a
acusaciones y calificativos que estos han usado en su contra sin ninguna discreción.
Sobre Venezuela, la SIP ha vertido numerosas acusaciones a lo largo del gobierno del
Presidente Hugo Chávez, reiterando el modelo de propaganda negra, según el cual
estaría en peligro la libertad de expresión.
En el caso de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión –
conocida como Ley Resorte- en el año 2004, la SIP, fiel a su precepto de que “la mejor ley
de prensa es la que no existe”, afirmó que esta legislación estimulaba la censura previa,
cuando la ley buscaba promover el derecho del pueblo a una información oportuna y
veraz. Sin embargo, en abril de 2002, la SIP avaló el golpe de Estado contra el gobierno
legítimo de Venezuela y no se pronunció sobre el black out informativo de los canales
privados el 13 de abril, ni sobre el cierre de Venezolana de Televisión durante el efímero
gobierno de facto.
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Por otra parte, el lazo de la patronal de la prensa con los intereses de Estados Unidos ha
quedado de nuevo en evidencia, como lo destaca Steinsleger, cuando el 13 de octubre de
2003, la entonces consejera de seguridad nacional, Condoleezza Rice, ordenaba en
teleconferencia a la Asamblea General de la SIP, apoyar al gobierno de Gonzalo Sánchez
de Losada, cuya dimisión pedían los bolivianos luego de una intensa represión policial.
La SIP defiende el viejo orden
La Sociedad Interamericana de Prensa no sólo ha desatado campañas en contra de
gobiernos legítimos, sino que ha tocado también a organizaciones internacionales del
propio sistema de Naciones Unidas, que se han puesto al lado de los pueblos
latinoamericanos en la lucha por la democratización de las comunicaciones. Así ocurrió en
los años 70 contra la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), cuando ésta promovía el derecho de los Estados a establecer
políticas comunicacionales.
En esa década de los setenta, los países no alineados iniciaron un ágil movimiento
exigiendo la creación de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI) que superara
las injusticias del orden que prevalecía hasta el momento. Aparejado a este NOEI, el
Movimiento de los No Alineados, en su Declaración de Argel de 1974, proclamó la
necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic), que
contribuyera a la democratización de las comunicaciones, utilizando entre otras fórmulas, la
definición de políticas nacionales de comunicación. Denunciaba el NOAL al sistema
informativo existente como un instrumento de dominación.
La respuesta de Estados Unidos contra esta propuesta fue inmediata y constituyó una
cerrada defensa a la doctrina del libre flujo de la información7, en lo cual de nuevo la SIP
actuó como su aliada. A esa doctrina, los países del llamado Tercer Mundo oponían la
exigencia de un flujo equilibrado, a través de la reestructuración de los sistemas de
información y comunicación, contra la unidireccionalidad de los mensajes y la
concentración mediática.
Las denuncias contra ese “libre flujo” encontraron una aliado en el informe “Un solo mundo,
voces múltiples”, presentado en 1980, resultado del trabajo de una comisión nombrada por
la UNESCO y presidida por el Premio Lenin y Premio Nobel de la Paz, Sean MacBride. En
ese documento, conocido como Informe McBride, se exponía el desequilibrio del flujo
informativo y se planteaba la necesidad de mayor justicia en el intercambio de información,
así como de menor dependencia en relación a las corrientes de comunicación.
La SIP se convirtió en una de las más feroces voces opositoras al Nomic y a la
implementación de políticas nacionales de comunicación (PNC), en una actitud
reaccionaria de lucha contra cualquier posibilidad de democratización de la comunicación,
que lógicamente atentaría contra los intereses de los poderosos grupos mediáticos.
7 Ya en la Conferencia Interamericana de Chapultepec, realizada en 1945, Estados Unidos había impulsado
la aprobación de una resolución relativa a la libre circulación de noticias. Como destaca el periodista
venezolano Eleazar Díaz Rangel, en su libro “La información internacional en América Latina”, estas
resoluciones podían ser inobjetables en la letra, pero en la práctica “sólo beneficiarían al único país en
capacidad de hacer circular todo tipo de mensajes comunicacionales, consciente del poder de la
información”. Un año después, en 1946, el Departamento de Estado informaba que un subsecretario de
Estado se ocuparía de los asuntos de comunicación, con la función expresa de romper las barreras que se
oponían a la expansión de los medios estadounidenses en el planeta, asumiendo la libertad de prensa como
parte de la política exterior estadounidense.
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El argumento central que alzaron en su ofensiva contra el Nomic fue el más trillado de
toda la época de la Guerra Fría: ese nuevo orden olía a conspiración comunista y estaba
impulsado por la Unión Soviética.
Para frenar cualquier acción gubernamental que favoreciera la democratización
comunicacional, la SIP se unió a otra patronal regional, la Asociación Interamericana de
Radiodifusión (AIR). Ambas atacaron además en otro frente, al descalificar la acción de la
UNESCO, organismo que bajo la conducción del senegalés Amadou M’Bow había
decidido impulsar el Nomic, estableciendo el vínculo entre comunicación y desarrollo. El
acoso contra la UNESCO no cesó hasta que Estados Unidos e Inglaterra anunciaron su
retiro del organismo, denunciando la politización de este foro; y se obtuvo el
nombramiento del español Federico Mayor Zaragoza, una figura considerada mucho más
dócil ante los intereses dominantes. De allí que el investigador venezolano Oswaldo
Capriles concluyera:
El castigo sufrido por UNESCO es una de las principales lecciones que pueden
sacarse en cuanto a la terrible fuerza que las organizaciones de agencias y
medios noticiosos occidentales, en especial estadounidenses, tienen, no
solamente en cuanto a capacidad específica para influenciar opinión a través de
la tergiversación de la información, sino en cuanto a la capacidad para presionar
directamente los gobiernos y obtener resultados políticos de tal gravedad en la
escena de los organismos del sistema internacional de las Naciones Unidas.
(1996, p. 42)
Los encargados de esta campaña fueron principalmente The New York Times, las
agencias de noticias AP, UPI y AFP, y sobre todo la SIP y la AIR.
La acción de la SIP fue particularmente fuerte en 1976 en contra de la Conferencia de
San José de Costa Rica, donde los gobiernos latinoamericanos se reunieron para debatir
sobre políticas nacionales de comunicación. La SIP, al no haber solicitado el estatus de
observador en la UNESCO, no fue invitada a la reunión; sin embargo, la patronal
emprendió una campaña asegurando que al no invitarla se rehuía el debate y, en un golpe
de efecto, anunció una reunión paralela en San José, “bajo la gritona dirección de un
periodista dominicano, ex portavoz del fenecido dictador Trujillo”, como señalaba Capriles.
En un análisis detallado de la campaña de la SIP y la AIR contra la UNESCO, Capriles
indica que ambas patronales lograron inundar la prensa del mundo con una guerra de
opinión en la cual se impuso la idea de la existencia de una “tesis UNESCO”, inspirada
por la “extrema izquierda” y atentatoria contra la libertad de expresión. Adicionalmente, los
ataques se concentraban contra aquellos países que apoyaban la conferencia, mientras
que en los grandes diarios disminuían las noticias negativas sobre los países que se
mostraban dispuestos a colaborar.
Los comunicados emitidos por la UNESCO no eran publicados por casi ningún periódico,
mientras que cualquier documento emitido por el llamado "Comité para la Defensa de la
Libertad de Información", creado por la SIP y por el International Press Institute (IPI) como
uno de sus frentes de batalla, era reproducido en todos los medios afiliados. La campaña
de la SIP era repetida en Estados Unidos por los periódicos del grupo Hearts y el New
York Times8. Entretanto, desde “El Noticiero de la SIP”, se mezclaban hechos sin
8 La reportera del New York Times, Deidre Carmody, sostenía los argumentos de la SIP y se quejaba de la
imposibilidad de presentar los alegatos de la UNESCO afirmando que no había sido posible contactar a
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conexión, acusaciones de antisemitismo, denuncias de maniobras de la “aplanadora rusa-
Tercer Mundo” para arremeter contra la Unesco.
Aunque una de las estrategias aplicadas por la SIP fue insistir en un supuesto complot
contra la libertad de expresión orquestado por gobiernos de extrema derecha y de
extrema izquierda, lo cierto es que como revela Capriles:
“En los países de gobierno dictatorial existió de hecho un acuerdo tácito entre
gobiernos y medios difusivos sobre la base de situaciones previas de
entendimiento, lo que demuestra de paso que los medios comerciales no estaban
exigiendo democracia o libertad, sino defendiendo privilegios oligopólicos para su
actividad publicitaria, actividad que en cambio consideraban amenazada en
aquellos países de régimen de democracia formal, por el hecho de ser en estos –
o al menos en algunos de ellos- donde se había planteado el tema de las
políticas de comunicación, como elemento necesario para un avance o
perfeccionamiento de la democracia”. (Capriles, 1996, p. 57)
Algunos de los acuerdos de esa reunión de Costa Rica consistían en crear una agencia
latinoamericana y caribeña de noticias, establecer formas de cooperación para el
desarrollo de las comunicaciones rurales, formar un consejo latinoamericano de
comunicación social, exigir una circulación equilibrada de comunicación e información en
el plano internacional y reconocer el derecho a la comunicación como derivado del
derecho universal de expresión. Sin embargo, todos estos propósitos fueron abandonados
por los gobiernos ante la fuerte presión mediática.
Particularmente en Venezuela, la SIP encontró el apoyo de la patronal Fedecámaras, que
el 3 de agosto lanzó una declaración en la cual hablaba sobre la necesidad de
salvaguardar la libertad de expresión y alertaba contra el peligro totalitario.
Desde entonces hasta ahora, la SIP se ha mantenido en pie de lucha contra los intentos
de reivindicación del derecho a la comunicación y a la información veraz. Es por ello que a
finales de los noventa, acusó al gobierno de Rafael Caldera de tener tentaciones
totalitarias, buscando impedir que presentara su propuesta del derecho a la información
veraz en la VII Cumbre Iberoamericana, reunida en la isla de Margarita, en 1997.
En aquella cumbre, a pesar de la violenta oposición de la SIP, se aprobó por primera vez
un párrafo que habla sobre garantizar el derecho a la información veraz, en el acuerdo 38
de esa conferencia, que aún está vigente. Este principio encontró luego caminos más
firmes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra en el
artículo 58 el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial.
El lenguaje de la SIP. ¿Libertad de prensa o libertad de empresa?
En su lenguaje oficial, la SIP se esmera en utilizar conceptos que legitiman su
comportamiento y la autoerigen en un referente a la hora de definir qué es la libertad de
prensa y de decidir quién respeta esta libertad y quién no. No obstante, cuando hace esto,
esta incurriendo en la usurpación de un derecho colectivo de los pueblos y oculta en
nombre de quiénes actúa verdaderamente esta organización patronal. Veamos algunos
ejemplos:
ninguno de sus funcionarios en la conferencia de Costa Rica, cuando luego quedó al descubierto que no
sólo no estaba acreditada como corresponsal para el evento, sino que tampoco se encontraba en San José.
14
* La SIP se empeña en hablar como representante de los periodistas, pero como hemos
visto, se trata de una organización empresarial que sólo representa a los dueños de los
medios. Por lo tanto, no puede hablar en nombre del gremio periodístico, como lo han
denunciado periodistas de todo el continente.
* La SIP se abroga el derecho de decidir quién viola y quién respeta la libertad de
expresión. Como advierte el periodista Ernesto Vera, la libertad de expresión es un
derecho individual, del cual se deriva la libertad de prensa, pero en el tiempo de los
medios masivos se convierte en un derecho colectivo. Es entonces un derecho de la
sociedad y no de los dueños de la gran prensa. Dejarlo efectivamente en sus manos, es
como si confiáramos que el derecho a la salud fuera defendido y definido sólo por las
grandes clínicas privadas.
Oswaldo Capriles, en su libro “Poder político y comunicación”, señala también que la SIP
utiliza la libertad de prensa para presionar en la opinión pública. Al presentarse como los
encargados de definir en cuáles países hay libertad de prensa y en cuáles no, consiguen
mantener presionados a los gobiernos y presentarse ante la opinión pública con un valor
que no tienen. Recuerda además que se nos oferta la concepción dominante de la libertad
de expresión como un exclusivo privilegio de los dueños de los medios.
En definitiva, ¿quién tiene derecho a la libertad de expresión, sino la sociedad? Es por
eso que se denuncia con frecuencia la pretensión de la SIP de fusionar la libertad de
prensa con la libertad de empresa, que no es más que la defensa de su capacidad de
realizar negocios, tal y como lo expresa la FELAP:
Siendo esta sociedad una agrupación nucleada con base en propietarios y editores de
periódicos, la libertad de prensa que dice defender no puede ser otra que la libertad de
empresa que necesitan sus miembros para participar en el comercio de la prensa y
utilizar la noticia con una mercancía u objeto de consumo (2006, p. 28).
* La SIP pretende definir, sin la participación de otras instancias de la sociedad, qué es la
libertad de expresión, un derecho que no les ha sido otorgado y del cual se han apropiado
a partir de su poder económico. Esta pretensión de la SIP es muy clara en su Declaración
de Chapultepec, en la cual se expresa una apología de un concepto de libertad de prensa
que pretende una prerrogativa de los medios de difusión. La organización empresarial
inició el proyecto de Chapultepec en 1994 y actualmente asegura que los diez puntos
establecidos en la Declaración se han establecido como “el estándar reconocido mediante
el cual el hemisferio mide la libertad de prensa y expresión”. De hecho, aseguran que a
partir de 1994, se ha tomado “un concepto abstracto”, como el de libertad de expresión y
se le ha dado una configuración que ha permitido que la gente ya no dé respuestas
“confusas, esporádicas e incoherentes” cuando se le pregunta qué es libertad de
expresión.
* La SIP invariablemente se presenta como la defensora de la prensa independiente.
Vistos los cuantiosos ejemplos de manipulación y desinformación, habría que
preguntarse, ¿esa prensa es independiente de qué? Independiente de los intereses
populares; dependiente de los dueños del dinero y del poder.
* La SIP se opone duramente al concepto de información veraz, alegando que si lo
aceptan tendrían que rendirles cuentas a los gobiernos, y que estos podrían censurar a la
prensa al ser los que definan qué es la información veraz. Es esta una falsa dicotomía,
porque es la sociedad la encargada de denunciar a los medios cuando mienten. El dilema
no es SIP vs. Gobierno, sino SIP vs. Sociedad.
* La SIP siempre se ha manifestado en contra de las leyes de prensa, defendiendo en su
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lugar el concepto de autorregulación. Sin embargo, el hecho de que alguien tenga dinero
para poseer un medio de prensa que alcanza a centenares de miles o millones de
personas, no lo coloca sobre la sociedad o al margen de la sociedad. Igual debe
responder y asumir una responsabilidad ética y social. Sino, estaríamos ante la paradoja
de un poder antidemocrático que actúa como contralor de otro poder, este sí
democráticamente constituido, sin tener que rendir cuentas y sin posibilidad de ser
cambiado.
Habría que recordar, como lo hace Vera, que la prensa se apoya para su existencia en
preceptos constitucionales que no se compraron con dinero, sino con el sacrificio y la
sangre de todos los que lucharon por tener independencia.
Poderosos, pero no todopoderosos
A pesar de este historial de alianzas imperialistas, manipulaciones y desinformación, en
los últimos tiempos gobiernos progresistas, de izquierda o revolucionarios, han logrado
obtener victorias en procesos electorales en América Latina, aun en contra de la voluntad
y la posición de los grandes medios de prensa, lo cual representa una derrota para los
poderosos de la SIP. Esto evidencia, sin duda, un crecimiento de la conciencia crítica de
los pueblos, aun cuando las campañas de propaganda negra continúan haciendo daño e
intentando doblar la voluntad popular de avanzar hacia la transformación de nuestras
realidades.
Una idea defendida por Ernesto Vera, luego de años en el ejercicio del periodismo, es que
los dueños de los medios son poderosos, pero no todopoderosos. Y su punto débil radica
precisamente en que su mensaje ofende la inteligencia humana y no se identifica con la
realidad de la inmensa mayoría de los destinatarios. Es por ello que aun con menos
recursos, tecnológicos y financieros, es preciso insistir en la tarea de desarrollar la
conciencia crítica sobre lo que significan esos medios y sobre quiénes son sus dueños, y
los dueños de esos dueños.
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Venezuela.
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http://www.pww.org/article/articleprint/926/
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